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Nueva condena por fallas en contrato de vía de la Prosperidad en Magdalena

Colombia, España, Madrid, Argentina, Buenos Aires
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Sin embargo, no es lo único que deberá girar. La Gobernación también tendrá que devolverle al consorcio unos $982 millones por una multa que le había impuesto un año antes a este grupo de empresas.

Además, los árbitros declararon el incumplimiento parcial del contrato por parte de la Gobernación en cuanto al reconocimiento y pago del transporte del material fluvial y el pago del material de terraplén seleccionado, que se adicionó para compensar los efectos sobre la consolidación sobre la corona del terraplén y que fueron necesarios para poder colocar la estructura del pavimento

Sigue la W conoció un laudo arbitral el cual declaró que la Gobernación del Magdalena violó el principio de planeación en lo relacionado con los estudios previos definitivos del contrato de la vía de la Prosperidad y la condena a pagar $3.740 millones al Consorcio Ribera Este, a cargo de este contrato, por los perjuicios causado.

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Sin embargo, no es lo único que deberá girar. La Gobernación también tendrá que devolverle al consorcio unos $982 millones por una multa que le había impuesto un año antes a este grupo de empresas.

Además, los árbitros declararon el incumplimiento parcial del contrato por parte de la Gobernación en cuanto al reconocimiento y pago del transporte del material fluvial y el pago del material de terraplén seleccionado, que se adicionó para compensar los efectos sobre la consolidación sobre la corona del terraplén y que fueron necesarios para poder colocar la estructura del pavimento.

No obstante el abogado de la Gobernación de Magdalena en la anterior administración asegura que el contratista solamente obtuvo estos $3.740 millones a favor, de los 30 mil millones que pretendía ganar y que todo se descuenta de los $4.793 millones que salieron a favor del Magdalena. Es decir el resultado neto es además favorable al Departamento, por lo que será el contratista quien debe pagar la diferencia. 

En este momento cursa ante el Consejo de Estado el recurso de anulación que interpuso el contratista contra el laudo. 

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